Objetividad en debate educacional

El consenso técnico indica que el sistema educacional chileno debe avanzar hacia el aseguramiento de la calidad para todos los estudiantes. Sin embargo, de esto no se desprende que sea necesario converger a una educación homogénea. Por el contrario, la diversidad y la individualización de la educación representan en el mundo vigas estructurales que se han fortalecido durante los últimos años. Así por ejemplo, la selección en base al mérito académico es una práctica ampliamente aceptada y utilizada en los cinco continentes, sin el carácter negativo que en ocasiones se esboza en el debate político nacional, y que acaba de llevar al rechazo de uno de los proyectos sobre Admisión Justa en la Cámara. Tampoco el efecto par es asumido como una verdad absoluta, sino como un fenómeno difícil de detectar. Y si bien se reconoce que la educación pública debe ser un referente de calidad, ello no supone que el Estado restrinja la libertad de proyectos.

A la luz de lo anterior, parece pertinente retomar la discusión a propósito de los profundos cambios aprobados bajo la administración de la Nueva Mayoría y que están siendo gradualmente implementados. Una revisión objetiva del modo en que han operado reformas como el fin del lucro, la gratuidad en la educación superior o la puesta en marcha del nuevo sistema centralizado de admisión escolar (SAE) es sugerente respecto de hasta qué punto en esas transformaciones jugó un papel relevante el voluntarismo.

El caso del SAE resulta interesante de observar. Como muestra la evidencia, modelos de este tipo son utilizados en algunas ciudades del Primer Mundo con relativo éxito en la asignación de estudiantes a colegios públicos evitando discriminaciones. Pero un funcionamiento satisfactorio del sistema demanda ciertas condiciones —por ejemplo, que los problemas de transporte urbano se encuentren bien resueltos— que no siempre se cumplen. Además, su aplicación restringida a áreas geográficas acotadas puede exacerbar la segregación educacional si esta tiene su origen en la segregación residencial. Como han planteado algunos expertos, la realidad de las grandes urbes del país debería alertar respecto de estos riesgos.

La implementación del modelo en la Región Metropolitana será así una prueba de fuego. No parece probable que el sistema traiga mayores cambios en temas como la segregación o los resultados educacionales; incluso, en un mal escenario, podrían multiplicarse las muestras de malestar de ciudadanos culpando al Estado por los problemas de admisión que sufran sus hijos. Tanto el proyecto votado por la Cámara (centrado en los liceos de excelencia) como el de “Admisión Justa II” que estudia el Senado (el que, entre otros puntos, introduce nuevas prioridades para la asignación) han buscado hacerse cargo de varios de los problemas referidos. Es de esperar que la politización que llevó al rechazo de la primera iniciativa por los diputados de oposición no se repita en el caso del texto que estudia el Senado. Los mismos parlamentarios que en estos días han estado exigiendo al Gobierno una adecuada implementación del SAE en Santiago debieran tener disposición para abrirse a ponderar con objetividad aquellos cambios que —considerando la experiencia producida— permitan un mejor funcionamiento.