Cerca de las 17:00 horas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, lideró una reunión en la que se analizaron los antecedentes que permitirían poner término a la concesión de agua de Essal. A la cita asistió el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien se reunió anteriormente con el superintendente subrogante de servicios sanitarios, Jorge Rivas, para tener claridad de los hechos y traspasar los antecedentes al mandatario.
“Hemos tenido una reunión para abordar dos aspectos: el primero es la importancia de modificar la Ley de Servicios Sanitarios, de manera que no suceda en ningún otro lugar lo que ya nos sucedió en Osorno”, dijo el ministro Moreno, agregando que “también le preocupa especialmente el tema de las compensaciones y las indemnizaciones para los afectados”.
El secretario de Estado indicó que “las sanciones corresponden a la Superintendencia de Servicios Sanitarios; ellos han establecido un plazo, les hemos pedido que ese plazo sea lo más breve posible, y están trabajando en eso según nos han señalado”.
Cese de la concesión
Fuentes de La Moneda explican que el 3 de agosto es el plazo que se ha dado la superintendencia para entregar el informe, luego de lo cual el Ejecutivo podría tomar una definición sobre la opción de caducar la concesión.
Pero ya durante el día, en el comité político ampliado, desde Chile Vamos pidieron terminar con la concesión, apuntando —al interior de la reunión— a que si bien la crisis sanitaria es de responsabilidad de la empresa y no de La Moneda, el episodio puede generar un “costo político” al Ejecutivo.
“La credibilidad del sistema sanitario que tenemos en el país se juega precisamente por la forma en que la autoridad reaccione frente a los graves incumplimientos de Essal”, dijo al salir de la cita el senador RN Andrés Allamand, agregando que la “concesión a Essal debe ser caducada”.
Coincidieron el diputado Andrés Molina (Evópoli) y la líder de la UDI Jacqueline van Rysselberghe. Esta última señaló que el “tema es impresentable”, pues la empresa “da información incierta, y demora una eternidad en reponer los servicios. El Gobierno solicitó un informe para tomar las máximas sanciones, y yo creo que sí hay espacio para caducar. El daño es gigantesco”.
La presión al Gobierno vino también desde la oposición, donde el timonel DC, Fuad Chahin —acompañado por el jefe de bancada de los diputados Gabriel Ascencio y la senadora Ximena Rincón—, llegó a La Moneda a entregar una carta para solicitar el fin de la concesión. “Una multa no es suficiente”, dijo Chahin, afirmando que su partido también “perseguirá las responsabilidades políticas por la inacción del Gobierno, que durante muchos días se dedicó a ser el vocero de la empresa”.
Ante los cuestionamientos, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo no comprender que “cada vez que hay una situación que amerita unidad para sacar adelante necesidades de las familias, existan dirigentes, como el presidente de la DC, que faltan al espíritu republicano”.