Las opiniones son variadas sobre la inconstitucionalidad que acusa el Ejecutivo (de acuerdo a la Dipres irroga gastos). Sin embargo, el sentir en la oposición es que el tema de fondo se instaló y que habrá que legislar, ya sea con la moción de la diputada o con la iniciativa del Gobierno que habla de flexibilidad.
“Cuando asumí en marzo la presidencia del Senado dije esta mesa iba a ser muy estricta en la admisibilidad de los proyectos. Para entonces, todavía no estaba el tema de las 40 horas. Así que si llega, lo vamos a someter a un examen bien estricto de admisibilidad constitucional”, adelanta Jaime Quintana (PPD). Pero, al mismo tiempo, remarca que “el tema está instalado, porque el Gobierno también ha favorecido este debate con su propuesta. Hay un triunfo no sólo de Camila Vallejo, también de las personas que creen que nuestro jornada laboral debiese ser revisada. Esto no tiene vuelta atrás”.
Sin adelantar si el texto es o no constitucional, Quintana remarca que apegarse a las normas es clave “porque se pueden generar tremendas expectativas y si los temas terminan viéndose en el Tribunal Constitucional, eso aumenta la desafección al sistema democrático”.
Montes: “Es admisible”
Para Carlos Montes, jefe del comité PS —quien dio su opinión en términos personales— “la moción es admisible. Como bancada pedimos informes a nuestros asesores sobre si los parlamentarios tienen iniciativa o no en este tema, y creemos que sí la tienen”, dice sobre el documento que realizó el abogado Héctor Valladares. “No compartimos el criterio del Gobierno. Son temas que tienen que ver con calidad de vida”, dice y agrega que “cuando se planteó bajar de 48 horas a 45, se armó un escándalo parecido; finalmente hubo una solución razonable y ninguna de las cosas que se dijeron ocurrieron”.La presidenta de la Comisión del Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), comparte el proyecto de Vallejo, pero con gradualidad. Y añade: “Flexibilidad todo lo que quieran, pero con sindicatos”.
Consultada por la duda de constitucionalidad y si es mejor apostar a modificar el proyecto del Ejecutivo, Muñoz señala que hay que “revisar si avanzamos con uno u otro”, pero advierte el iniciativa del Gobierno tiene más implicancias en materia laboral.
Juan Pablo Letelier (PS), miembro de la comisión, opina que “el debate sobre la constitucionalidad no es el tema, ya que el Gobierno patrocinó reducir la jornada a 41 horas. La discusión va a estar más bien vinculada a la gradualidad que propone el Ejecutivo, versus la propuesta que está discutiendo la Cámara”. Piensa que “necesitamos debatir el peso de la jornada las relaciones laborales del siglo XXI. En el mundo millennial la jornada no es el tema, muchos países no tienen jornada por horas semanales y están evolucionando hacia el cumplimiento de objetivos. Estamos en condiciones de avanzar a un paradigma nuevo, con parámetros que permitan trabajar menos y mantener o aumentar la productividad, y generar los incentivos para eso”, dice.
En tanto, Carolina Goic (DC) señala que “es fundamental incluir la realidad de las pymes y el impacto sobre empresas de menor tamaño, diferenciando su situación”. Y “el desafío junto con responder a cuánto tiempo se trabaja en nuestro país, es cuánto ganan por ello los trabajadores. Cuando la mitad gana menos de $400.000 al mes, hay un problema que enfrentar que tiene que ver con justicia social, productividad y redistribución”.