El ministro de Defensa, Alberto Espina, quien estuvo presente en la sesión, conversó largamente con senadores del oficialismo y oposición, quienes al momento de la aprobación destacaron el buen trabajo prelegislativo que se había realizado en torno a la iniciativa.
El proyecto pasó así a tercer trámite en la Cámara de Diputados y luego de ello podría transformarse en ley.
“Este es un cambio histórico porque termina con el financiamiento actual de las Fuerzas Armadas a través de las ventas del cobre y establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas con un sistema democrático estable, plurianual, con un fondo de contingencia, que es transparente y que tiene un control y una fiscalización para asegurar que los dineros sean bien invertidos”, dijo Espina.
Desde la oposición, el senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti (en la foto) destacó que “se hizo un trabajo transversal. Se notó la experiencia del ministro Espina en sus años en el Parlamento. Con esto avanzamos hacia una nueva institucionalidad para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, a 30 años de recuperar la democracia. Esperamos que esto sirva también para sancionar de mejor manera los abusos en el mal uso de recursos”.
En el nuevo proyecto de ley se establece una política de Defensa como criterio orientador en la materia, se crea un fondo plurianual para las capacidades estratégicas cuyo fin es dar estabilidad a las inversiones que se realizan a mediano y largo plazo. Además, se elimina el piso mínimo para actividades generales de las Fuerzas Armadas establecido en la Ley de Presupuestos. A la par, se establece un aporte basal para el mantenimiento y actualización de esas capacidades.
Una de las novedades que destacan desde la cartera son nuevos controles civiles y democráticos, en los que interviene la Contraloría General de la República y el Congreso.
Se establecen controles ejercidos por las comisiones de Defensa del Parlamento sobre la planificación en torno al desarrollo de las fuerza y la Contraloría revisará los decretos que aprueban los proyectos del programa cuatrienal de inversiones.
Además, se crea un Consejo del Fondo Plurianual, que se encargará de la programación y el control de los flujos financieros, el que estará a cargo del Banco Central.
