El pasivo —equivalente a poco más de US$ 71,4 millones— se generó, según detalló el documento, debido a que cuando un funcionario público se ausenta de sus labores por una licencia médica, el Estado cubre inicialmente sus remuneraciones. Los dineros, según afirmó la Contraloría citando normativa vigente, deberían ser luego reembolsados por las isapres.
Pero según explicó Mañalich, “muchas veces no se genera el cobro, por lo que la responsabilidad de la deuda está en el Estado, no en las isapres. Las aseguradoras apenas les llega el cobro tienen que pagarlo”.
Para acelerar los pagos pendientes, la Contraloría comenzó el jueves a oficiar a los servicios públicos que no han realizado los procesos de cobranza. El superintendente (s) de Salud, Patricio Fernández, indicó ayer al respecto que se están “realizando todas las gestiones y aportando los antecedentes necesarios para que se pueda facilitar a los organismos públicos la gestión de cobro”, y fijó un plazo: “Esperamos que antes de fin de año podamos tener regularizada esta situación, por lo menos en un gran porcentaje, y además establecer nuevos mecanismos que permitan hacer este proceso más expedito”.
El monto total de la deuda, según explicaron en el Minsal, permitiría financiar durante dos años el Plan Nacional del Cáncer, por ejemplo. A su vez, también se acerca a las utilidades que tuvieron las aseguradoras en 2018 ($64 mil millones).
Respuesta de isapres
Desde la Asociación de Isapres emitieron ayer una declaración, en la que afirmaron que “es responsabilidad de los servicios públicos cobrar a las isapres los montos relativos a las licencias médicas de sus funcionarios”, por lo que afirman que “no es efectivo que las isapres adeudan al Estado $51 mil millones”.Además, acotaron que “una vez que los servicios públicos cobran, las isapres pagan dentro del plazo instruido por la superintendencia”, es decir, los primeros 10 días del mes siguiente de ser notificados.
También abordó el tema el expresidente de la asociación Rafael Caviedes. “Las isapres no pueden pagar si el empleador no cobra, incluso hay cheques caducados que ni siquiera son retirados por dichos organismos estatales”, aseguró.
Citación a comisiones
El informe de la Contraloría también generó reacciones entre los parlamentarios de las comisiones de Salud, quienes apuntaron, transversalmente, a una falta de acción del Estado para recuperar los montos que deberían estar en arcas fiscales.“Esto es grave, porque (las aseguradoras) están reteniendo recursos que no son de ellas. Deben reembolsar rápidamente”, dijo el presidente de la instancia en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS), quien cuestionó de igual modo a las aseguradoras. Además, Quinteros y el senador Guido Girardi (PPD) expresaron su intención de citar a ejecutivos de la asociación a la comisión “para que nos den explicaciones”; mientras que en la Cámara, legisladores opositores evaluaban realizar lo mismo, pero en la comisión investigadora por el funcionamiento del Compin.
“El Estado no es un buen cobrador y hay una responsabilidad de perseguir estos dineros”, agregó el diputado PS Juan Luis Castro, mientras que el presidente de la comisión de la Cámara, Ricardo Celis (PPD), afirmó: “Hay una responsabilidad compartida. Es obligación del sistema público efectuar esos cobros, que son parte del presupuesto”.
En Chile Vamos, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) argumentó en la misma línea: “Hay culpas compartidas. El Estado no cobra las licencias, y el pecado de las isapres es no decir que tienen esa plata. Pero, normalmente, cuando uno la cobra, está a disposición”.
El diputado UDI Javier Macaya, por su parte, añadió que “estamos en presencia de un tema normativo, ya que al estar obligadas las entidades públicas a pagar las licencias de sus funcionarios, muchas veces caen en inacción, siendo beneficiadas las isapres”, con dineros que, a su juicio, podrían utilizarse en “otras urgencias sociales”.