Ministerio de Transportes busca regular Uber y Cabify

Mediante un proyecto de ley en trámite en el Senado, el Ministerio de Transportes busca regular las nuevas plataformas de transporte tipo Uber o Cabify. Hasta ahora, estas empresas han operado sin un marco regulatorio y el mejor comportamiento de una u otra ha dependido de decisiones voluntarias. En ese contexto, la cartera le ha dado mucha importancia a la entrada de nuevos actores, como Didi, plataforma china que ha comenzado a operar en Valparaíso. Didi llegó allá a un acuerdo con los taxistas de la ciudad para prestarles servicios tecnológicos y de cobranza, permitiéndoles así modernizar su oferta y competir con los conductores de otras plataformas.

El ministerio persigue que todas las plataformas estén instaladas en Chile y paguen impuestos, lo que parece razonable. En efecto, en las condiciones actuales, puede ser difícil para un cliente recurrir a la justicia —por ejemplo, para que las plataformas proporcionen información respecto de conductores cuestionados—, al no tener esas firmas domicilio legal en el país. Además, no pagar impuestos constituye una competencia desleal respecto de potenciales operadores domésticos y es injusto para otras empresas que sí pagan tributos.

Más controvertido es otro de los planteamientos del proyecto: la obligación de que los conductores de plataformas tengan licencia profesional. Tal exigencia puede ser entendida como una forma de responder a las reivindicaciones del gremio de los taxistas, pero significaría en la práctica restringir fuertemente la actual oferta, hasta el punto de volver casi a la situación previa a la entrada al país de estas plataformas, cuando existía una suerte de monopolio, reflejado en el alto precio de las patentes de taxis. Por lo demás, es muy discutible que el examen para acceder a la licencia de conductor profesional en la categoría A-3 (taxis, ambulancias y transporte de personas sin limitación de capacidad, entre otros) sea pertinente para un conductor de vehículos menores de transporte de pasajeros. En efecto, la prueba casi no incorpora materias que vayan más allá de lo que requiere dominar un conductor común; sí agrega temas de mecánica, “aspectos sicológicos y comunicacionales”, prevención de riesgos , clases teóricas de conducción preventiva, primeros auxilios, y otros que pueden ser relevantes para choferes de minibuses, pero no necesariamente para los de automóviles de transporte menor; por lo mismo, esas exigencias, antes que una garantía para los pasajeros, pueden constituir una innecesaria barrera de entrada al sector.

La excepción es el requisito de experiencia: para poder optar a la licencia profesional, se requieren dos años previos de manejo con licencia tipo B. Se trata tal vez de la única exigencia relevante para el transporte de pasajeros en vehículos menores, donde la experiencia práctica y la memoria muscular para tener reacciones rápidas y eficaces contribuyen efectivamente a una mayor seguridad de los viajes. Tal vez una fórmula para avanzar en el proyecto que estudia el Senado, de modo de introducir regulaciones necesarias sin ahogar una actividad que tiene entre sus fortalezas la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la demanda, sea mantener la exigencia de acreditar años de experiencia, pero sin exigir cursos ni exámenes especiales, cuya justificación es dudosa.

Estos nuevos servicios han traído un beneficio para los usuarios, al permitirles acceder a transporte de calidad y tarifas convenientes en lugares en los que no hay demanda suficiente para atraer taxis. Son esos usuarios los que pueden resultar perjudicados si se establecen exigencias excesivas. Muy probablemente también serían afectados quienes —precisamente por la flexibilidad que hoy ofrecen las plataformas— han encontrado aquí una forma de complementar ingresos o paliar períodos de cesantía, desde estudiantes hasta extranjeros que han inmigrado recientemente al país.